¿Es posible incluir la perspectiva socioeducativa en la acción policial?

Jordi Martínez Busom, estudiante del Grado en Educación Social de la UOC

Actualmente, la mayoría de la ciudadanía no cuestiona la función social de la policía, pero sí como debería actuar y resolver diferentes tipos de conflictos. Prueba de ello son los numerosos debates que se han abierto a raíz de casos muy controvertidos y mal resueltos por parte de varios cuerpos policiales. Los casos Benítez, Ester Quintana, 4F, entre otros, han tenido mucho eco mediático y han generado una fuerte protesta social y política que la policía debería aprovechar para hacer autocrítica y revisar algunas de sus prácticas.

A fin de analizar estas situaciones y otras que suceden a diario, creo que hay que poner el acento en la formación básica que recibe la policía y el análisis de la demanda social de los requerimientos. En efecto, la formación que reciben los cuerpos de policía es, en su mayoría, de carácter jurídico y procedimental. No se contemplan otros tipos de contenidos, más allá de una introducción superficial a teorías criminológicas básicas. Este déficit formativo contrasta con el tipo de intervenciones que realiza la policía en el desarrollo cotidiano de su labor, el 80% de las cuales son de carácter asistencial. Teniendo en cuenta este dato, ¿podemos decir que tenemos una policía suficientemente preparada para atender este tipo de demandas?

Reconocer la demanda de la ciudadanía

La formación que recibe hoy en día la policía autonómica no contempla esta realidad. Este hecho se traduce en prácticas policiales regidas por su enfoque penal y valoradas únicamente en términos cuantitativos y estadísticos, sin tener en cuenta la posibilidad de llevar a cabo intervenciones preventivas no punitivas. Para prever un hecho delictivo, hay una policía capaz de reconocer las necesidades básicas de la ciudadanía, reflexionar sobre las consecuencias de su intervención y valorar la ayuda que puede ofrecer para mejorar la seguridad de todos sin caer en excesos que puedan originar nuevos conflictos sociales. Al mismo tiempo, es necesario mejorar la cooperación entre la policía y otros organismos, sobre todo en el campo de los servicios sociales. A nadie se le escapa que los delitos más comunes tienen su origen en situaciones sociales de mucha dificultad. La respuesta a estas situaciones no puede ser sólo policial. Si es así, estamos fomentando una sociedad que confunde las políticas de seguridad con la criminalización de la pobreza.

Hay muchos otros aspectos que requieren un análisis pausado y riguroso. La atención a las víctimas –tal como reclamaba recientemente Maria Rovira, concejal de la CUP por Barcelona, a partir de la denuncia que interpuso a la policía autonómica de Cataluña después de haber sufrido un abuso sexual–, a las personas privadas de libertad , son algunos de ellos. Nos referimos a los “sujetos pasivos” que pueden ser tratados de mejor o peor manera. Las víctimas requerirán la más alta atención en relación a su estado emocional. Escucha activa, apoyo psicológico, máxima información, independientemente de la tramitación de la denuncia, etc. En cuanto a la persona privada de libertad, no sólo se deben respetar escrupulosamente sus derechos, sino que hay que poner atención en otros aspectos relevantes a fin de ofrecer un trato justo y humanitario en un marco restrictivo. Poder fumar, recibir visitas, ducharse, comer alimentos del exterior de donde esté custodiado, etc. son sólo algunos ejemplos. Estoy convencido de que un cambio en el trato y los protocolos de custodia policial puede favorecer la predisposición del encausado hacia la detención.

Mediación

Finalmente, creo que hay que hacer una apuesta decidida por el extra judicialización de las problemáticas mediante actuaciones alternativas como la mediación. Es muy importante promover esta vía para alcanzar el éxito en la resolución de situaciones conflictivas, no sólo porque agiliza procesos burocráticos, sino porque cuenta -cuando se ha llevado a cabo- con la aceptación y acuerdo final entre todas las partes. Actualmente, cuando la ciudadanía presenta la problemática en las comisarías que no disponen de vías de resolución alternativas más allá de la penal, la respuesta por parte del policía, si conoce el proceso de mediación y no recomienda directamente la tramitación judicial, es la derivación.

Este circuito de funcionamiento no puede ser contemplado como una opción, no sólo por la necesidad clara de incorporar estas nuevas vías de resolución, sino por la doble o triple victimización que causa a los ciudadanos. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿quién debería participar en las mediaciones? ¿Qué beneficio supondría a escala judicial y policial? Y en relación a las partes implicadas en el conflicto?

Por todo ello y con el ánimo de impulsar una crítica constructiva desde dentro, pienso que es necesario un cuestionamiento profundo de la práctica policial por parte de los diferentes agentes implicados (políticos, mandos, agentes policiales, etc.), aprovechando la aportación de otras disciplinas a fin de encontrar un equilibrio entre la función estrictamente policial y la perspectiva socioeducativa que se puede imprimir en las prácticas de los cuerpos policiales. Hablo de una relación que debe ir más allá de la complementariedad de las prácticas a fin de integrarla en el que ya se está llevando a cabo hoy en día. Eso es lo que intento hacer yo desde que estudio el Grado de Educación Social, que me ha ayudado a ampliar la mirada y entender que la función represiva de la policía no es siempre la que ofrece más seguridad.