Protección a la infancia: evitar una deriva silenciosa

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David Roman, educador social y pedagogo. Profesor colaborador del Grado de Educación Social.

Es una realidad que el actual modelo de protección de los niños y adolescentes tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) no responde a las necesidades actuales. Esta situación se explica por la confluencia de varios factores: la entrada en vigor de las medidas de reducción del déficit provocó un importante deterioro en la calidad de los servicios de atención residencial. Se redujo drásticamente la inversión en mantenimiento, se eliminaron educadores para atender a niños y adolescentes con necesidades específicas y se redujeron las partidas destinadas a actividades de ocio y tratamientos médicos, entre otras.

A este escenario hay que añadir que el perfil de los niños y jóvenes que hoy ingresan en centros cada vez presentan mayores necesidades de atención y acompañamiento. Muestran alteraciones de la conducta o bien algún tipo de trastorno mental, que puede ir, por ejemplo, de la depresión a la psicosis. Si añadimos el envejecimiento de las plantillas en los centros propios, la inestabilidad, el agotamiento y la excesiva rotación de personal, podemos explicar la tensión que vive el sistema protector. Una situación que ya fue denunciada, pero que ahora ha salido a la luz.

Las mal llamadas fugas

Hablar de fugas en centros residenciales es una trampa peligrosa. Remite a la idea de sistema judicial, de cierre y, en consecuencia, de delincuente. Hay que recordar que niño tutelado no es sinónimo de niño difícil o adolescente delincuente, y que desde hace muchos años se han hecho importantes esfuerzos para construir un discurso legal y profesional que disocie los menores infractores de los desamparados, aunque a menudo esta diferenciación aún no se ha producido en la sociedad.

¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones del tipo: “Si no te portas bien acabarás en un centro”. Expresiones como ‘niño no devuelto al centro’ o bien ‘que ha marchado sin permiso’ ajustan mucho más a la realidad actual y ayudan a construir un discurso colectivo necesario.
Más allá del significante, hay que poder pensar en el significado; esto es, que hay detrás de cada no retorno, dado que el abordaje será diferente en función de la lectura que se haga.

Algunos ejemplos:

• Un no retorno tiene un componente de transgresión cuando remite a algo del incumplimiento de las normas o las indicaciones del adulto. Esto es ve frecuentemente en adolescentes para quien las relaciones se basan en rivalizar, oponerse para poder hacer una separación del adulto y una construcción propia.

• El no retorno adquiere un significado muy diferente cuando se trata de una situación en que el niño o adolescente no ha vuelto del permiso familiar, o bien se ha marchado del centro para estar con la familia. En este caso, la situación tiene un tratamiento diferente de la anterior.

• El no retorno puede tener su origen en una falta de vinculación del niño o adolescente con el centro o, incluso, a consecuencia de una discusión o conflicto. En casos de trastorno mental grave, por ejemplo, como respuesta a lo que el adolescente podría vivir como una persecución o un ataque. A veces, simplemente, se trata de una huida hacia delante por una falta de recursos a la hora de gestionar su malestar.

Es tan importante como necesario ser muy cuidadosos al leer correctamente qué hay detrás de cada fuga o no retorno, para poder tratar correctamente.

Embarazos e identidades

A raíz de una noticia reciente sobre una adolescente que volvió embarazada a un centro de acogida tras fugarse, me preguntaban si es una situación frecuente. No es mi intención comentar ningún caso concreto, pero sí es interesante y necesario hacer algunas consideraciones a partir de 3 supuestos:

1. Los niños y adolescentes que viven tutelados han tenido recorridos vitales complejos y difíciles y, por tanto, tienen una situación afectiva y emocional muy precaria. Es habitual que muestren ciertas confusiones en identificar y expresar sus afectos y que puedan confundir afectividad con sexualidad, a veces, en un intento por sentirse queridos.

2. Muchos adolescentes tienen relaciones sexuales. Experimentan, exploran, disfrutan de su propio cuerpo y del de la otra, ya sean tutelados y viven en centros, como si no. Por lo tanto, una adolescente puede quedar embarazada, por decisión propia o por accidente. Se trata de que, hagan lo que hagan, sea fruto de una elección madurada y llevada a cabo con el máximo acompañamiento y garantías.

3. La dificultad de algunas adolescentes para construir su identidad, sumada a una falta de expectativas respecto al futuro puede derivar en un deseo -consciente o inconsciente- de experimentar la maternidad. En un intento de simplificar, el adolescente podría construir la idea siguiente: “No sé quién soy, qué haré o con quien estaré pero al menos sé que puedo ser madre. Estaré yo con mi hijo o hija. Seré madre y nos tendremos el uno al otro”. Esta situación no es la habitual, si bien es una posibilidad ante la que hay que estar atentos. El trabajo de los profesionales es acompañar y ofrecer elementos alternativos para construir su identidad.

Una oportunidad de cambio

Si bien son ciertas las informaciones que han salido últimamente en prensa respecto a situaciones que han tenido lugar en centros del sistema de protección, hay que hacer una lectura en profundidad y evitar el sensacionalismo, la anécdota y la crítica fácil. Además, hay que ser especialmente cuidadosos y responsables y tener en cuenta que se trata de situaciones que afectan a menores de edad, en situación de especial protección. Por eso son bienvenidas las iniciativas de sindicatos, colegios profesionales y grupos parlamentarios que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de este colectivo, a partir de propuestas concretas y viables.

Nos encontramos en un momento realmente complejo en cuanto a la atención y acompañamiento de los niños y adolescentes tutelados, también lo es que estamos ante una oportunidad única que nos debe permitir reivindicar, proponer, repensar y reformular el actual modelo de protección a la infancia.

No hacerlo es renunciar a nuestra responsabilidad como adultos y abandonar estos niños -que son nuestros, los de todos- a una deriva silenciosa.