Politizar la educación

Jordi Solé Blanch, profesor del Grado en Educación Social de la UOC.
La primera sesión del Seminario permanente del Laboratorio de Educación Social de la UOC contó con la presencia de Jaume Carbonell, exdirector de Cuadernos de Pedagogía y colaborador habitual de El Diari de l’educació, un medio digital que se ha convertido en un espacio de referencia para la comunicación y el debate en torno a la educación.

Jaume Carbonell nos propuso discutir un texto en torno a la necesidad de politizar la escuela. Lleva trabajando en él un par de meses a raíz de la preparación de una conferencia que tuvo que impartir en un instituto de Badalona para inaugurar el curso actual. La pregunta que dirigió a la comunidad educativa de eses instituto fue “¿Y ahora qué?”, pensando en los atentados sufridos en La Rambla de Barcelona y el Paseo Marítimo de Cambrils del pasado 17 de agosto. Para Jaume Carbonell, “los atentados marcaban un antes y un después”. Cometidos por chicos muy jóvenes, de los que nadie esperaba que hubieran sido capaces de cometer una atrocidad así, hacía inevitable preguntarse qué ha podido hacer mal el sistema educativo y en qué había fallado el proceso de socialización de aquellos jóvenes.

Nunca sabremos si esos jóvenes  de Ripoll pensaron “morir matando”. La actuación policial de los Mossos d’Esquadra, que acabó con su vida, parecía zanjar la crisis de un plumazo. El retorno a la normalidad -llena de mezquindad en muchos discursos e informaciones-, nos ha devuelto a la indiferència. Sin embargo, la comunidad educativa es uno de los colectivos que se siente más interpelado a la hora de hacerse preguntas y buscar respuestas por lo sucedido.

La actuación inmediata del Departament d’Ensenyament que, en cierto modo, se vió impelido a reaccionar a golpe de titular, fue la de revisar y replantear algunas de las acciones que recoge el Protocolo de prevención, detección e intervención de procesos de radicalización islamista en los centros educativos (Proderai). Desarrollado por el mismo departament y la Policía de la Generalitat, el protocolo se puso en marcha a finales del año 2016. Uno de los cambios que se aplicaron a raíz de los atentados fue extender la formación que ya habían recibido los equipos directivos de las escuelas al resto del profesorado. El objetivo es mejorar los sistemas de alerta de conductas de riesgo, un hecho que despertó ciertas críticas entre colectivos docentes porque el protocolo estigmatiza, sobre todo, al alumnado musulmán -convertido en objeto bajo sospecha-, e influye en la configuración de imaginarios incriminatorios hacia cualquier tipo de disidencia, como lo prueba el uso del concepto de “terrorismo no violento” para identificar indicios de comportamientos “radicalizados” que puedan oponerse al orden social. A su vez, se emplaza al profesorado a realizar tareas de vigilancia y normaliza la presencia del cuerpo policial en las escuelas, cuyos agentes, en sus “tareas de proximidad”, llevan años dedicándose a hacer charlas sobre diversos temas emparentados con el delito.

Jaume Carbonell defendió la necesidad de convertir la escuela en “un espacio de conversación, acogida y libertad” y se preguntaba cómo defender la democracia desde las aulas. “Reivindicar espacios curriculares para abordar temas políticos” y “combatir el racismo y la islamofobia” -a contracorriente del discurso político y mediático que se está imponiendo por toda Europa-, devienen tareas urgentes e inaplazables. Sin embargo, defender la politización de la educación choca con los intereses del proyecto conservador y neoliberal, que critica el hecho que la escuela pueda adquirir cualquier tipo de compromiso. En Cataluña, coincidiendo con el conflicto político que enfrenta a una parte de la sociedad contra el Estado español, se la acusa, por ejemplo, de adoctrinar a los alumnos catalanes. Ante el aumento del independentismo, sobre todo entre las generaciones más jóvenes pero también con más formación, así como los movimientos de oposición a la deriva autoritaria del Estado, las fuerzas políticas conservadoras defienden una escuela neutra y desideologizada. Pero todos sabemos que “no hay una posición más ideológica que esa” -tal y como sostenía en el Seminario Jesús Vilar, profesor colaborador del Grado de Educación Social de la UOC-.

¿Cuál debe ser, pues, el sentido de la escuela? La necesidad de abordar en las aulas las causas y consecuencias de los atentados de Barcelona y Cambrils, así como el protagonismo que adquirieron los centros educativos en Cataluña en la defensa del Referéndum de autodeterminación del 1 de octubre -convertidos en el escenario de la violencia de Estado dirigida contra una sociedad civil pacífica e indefensa-, obliga a replantear el rumbo que ha ido adquiriendo la escuela en los últimos años. Al albur de las necesidades del mercado, sin referentes básicos y poniendo el acento en los aspectos metodológicos y el solucionismo tecnológico, con un énfasis desmesurado en torno al discurso de las competencias -que ha vaciado la escuela de contenidos-, nos hallamos ante un campo de batalla que el proyecto neoliberal está colonizando para redirigir todos los esfuerzos en la promoción de subjetividades acríticas y emprendedoras. Pero hay subjetividades que dicen basta, que necesitan hallar un sentido a la vida más allá de la funcionalidad productiva y una cultura del consumo que solo genera fustración.

La realidad se ha vuelto muy compleja. La realidad escolar es un reflejo de esa complejidad. “Necesitamos cruzar miradas para entenderla” -tal y como decía Jaume Carbonell-, pero hay hechos que la simplifican. Los atentados de los jóvenes de Ripoll nos recuerdan que la cuestión de la desigualdad social, es decir, la lucha de clases, sigue abierta. También en la escuela. La represión de Estado del 1 de octubre en Cataluña, por su parte, nos revela que la escuela hay que defenderla contra la barbarie. Si algunos creemos que vale la pena comprometerse con la defensa de la escuela, es porque en ella es posible construir un lugar (simbólico) de igualdad y, primordialmente, un “espacio público”, la verdadera “marca” de la democracia.